Procediendo de acuerdo con su capricho y por encima de las pertinentes observaciones de sus propios funcionarios especializados en los temas, el presidente Petro sancion?? la ley 2486 con la cual se abren las ciclorrutas a veh??culos de mayores prestaciones de velocidad y peso, que se convierten en una potencial fuente de atropellos y accidentes con los peatones y ciclistas que las usan para lo que fueron construidas.
No solo podr??n circular a su libre albedr??o scooters y patinetas que se muevan con un empuje de hasta 1.000 vatios, m??s del doble de lo que las normas internacionales se??alan para estos usos y que de entrada garantizan m??nimo 40 kil??metros por hora cuando el l??mite es 25. Adem??s, no se les pedir??n licencias de conducci??n a los due??os, ni SOAT ni matr??cula, requisitos esenciales cuando pasan a las v??as normales, lo cual es obligatorio porque la red de rutas cicl??sticas no es continua ni suficiente para empatar los destinos de las personas. Tambi??n promueve la impunidad, pues no habr?? identidad rastreable para los conductores que incurran en excesos de velocidad o causen accidentes.
El Ministerio del Transporte hizo objeciones muy tajantes, no s?? si a tiempo, antes de que aprobaran en el Congreso, tambi??n con m??s de 1.000 vatios de aceleraci??n, la famosa ley en las ??ltimas sesiones de la pasada legislatura. Seg??n lo que el Ministerio indicaba, es inconstitucional porque vulnera los principios de seguridad vial que son deberes del Estado, y ni hablar de la parte t??cnica en la cual estas facilidades abren una brecha de peligro por la incompatibilidad de los veh??culos con el escenario y sus usuarios.
Esas objeciones aparecieron al aire a ??ltima hora y, al provenir de razones t??cnicas y no pol??ticas, era al menos prudente que el presidente le preguntara a la ministra sobre la conveniencia de firmarla. La realidad es que pas?? por encima de todas las observaciones y al d??a siguiente la ministra sali?? en los medios para afirmar que esa ley era ???un paso al futuro???, cuando en realidad su primer efecto puede ser la negaci??n inmediata del futuro vital, que al presidente tanto lo conmueve, de muchas potenciales v??ctimas de esa convivencia en las ciclorrutas.
Adem??s, en el debate consiguiente en el cual los expertos de movilidad del pa??s y la academia expusieron con diversas visiones la inconveniencia de esta ley, resulta que las normas t??cnicas para esos veh??culos est??n desactualizadas y son obsoletas, responsabilidad que ata??e al Ministerio y a la opaca Agencia de Seguridad Vial, que nunca se han pellizcado para poner al d??a estas normas cuya antig??edad le abri?? las puertas a la nueva ley, y sus efectos tienen ahora un a??o de plazo durante el cual se deben redactar las condiciones de funcionamiento.
Entretanto, las ciudades siguen con la facultad de regular el funcionamiento de las ciclorrutas de acuerdo con el parecer de sus autoridades, y es claro que la mayor??a de las urbes van en contrav??a de lo que dice la nueva ley. Por ejemplo, Bogot?? acaba de invertir mucha plata en una nueva se??alizaci??n para el control de sus v??as cicl??sticas y peatonales.
No solamente es evidente que el Ministerio va a la zaga de lo que sucede en su ??mbito, sino adem??s que es incapaz de meterles muela a tantos puntos de negligencia normativa que se permiten en la movilidad del pa??s.
Hay m??s: hace poco sali?? el reencauche de la ley antirruido para los veh??culos, concretamente para los exhostos de las motos, juicio que quedar?? a criterio y ojo de cualquier agente a quien le parezca que la m??quina exhosta m??s de la cuenta, pero sin ning??n elemento t??cnico probatorio como lo pide la ley. Eso abre un mundo en el cual la polic??a podr?? abusar y poner comparendos o hacerse la de la vista amplia para no hacer nada mientras el bullicio crece a rodo. No solo por el impacto de decibeles, sino por la evidencia de altas velocidades que las revoluciones de los motores no pueden disimular.
En otros frentes pululan los veh??culos hechizos para transporte de pasajeros, adem??s sobre las ciclorrutas, cuya reglamentaci??n y control t??cnico nunca se hizo a tiempo. Cuando hab??a 100 aparatos pudieron haber intervenido para regularlos. Ahora, con probables 10.000 o 100.000, las leyes las ponen sus due??os y trasformadores, mientras las autoridades quedaron sin soporte para lograr que ese servicio, ??til tambi??n para miles de personas, sea seguro e id??neo.
Ni hablar de las bicicletas motorizadas con m??quinas de dos tiempos, motores que est??n prohibidos para esos menesteres por sus niveles de ruido y contaminaci??n. Una persona compra la cicla correctamente en un lugar, y luego en otro, tambi??n de manera legal, adquiere el motor que ha sido importado para otros fines diferentes a la movilidad personal. Su ruido es un agregado a la poluci??n sonora de las ciudades, pues carecen de silenciadores y el conductor maneja navegando en t??xicos y letales gases del escape.
Volviendo al comienzo, en la ??ltima ley para el uso de las ciclorrutas sobra una firma, obviamente la de la ministra que, ante semejante desautorizaci??n, que es otra manera de descalificaci??n ya usual del presidente hacia su gabinete, ha debido trasladar su r??brica a la carta de renuncia cuando se desconocieron sus observaciones, que proceden de estudios t??cnicos de sus funcionarios. Pueden ser un argumento menor en comparaci??n con otros lances de la arrogancia presidencial, pero la entereza de quien desempe??a un cargo no se calibra por detalles, sino por la coherencia total en sus funciones, en especial cuando en estos temas no caben interpretaciones y el lobby de interesados, que los debe haber, puede m??s que la conveniencia y la seguridad de los ciudadanos.
